La comisión empezó su trabajo en agosto de 2007 para revisar los planes existentes y decidir qué debe hacer la nueva administración, y dio a conocer los tres resultados principales:

• La seguridad cibernética es ahora un problema de seguridad nacional de gran importancia para Estados Unidos.
• Las decisiones y acciones deben respetar la privacidad y libertades civiles.
• Sólo una estrategia de seguridad nacional abarcadora, que incluya los aspectos nacionales e internacionales de la seguridad cibernética, puede protegernos mejor.

La comisión dio a conocer una lista de 25 recomendaciones, como crear una Oficina Nacional para el Ciberespacio, y otras cuatro que tienen que ver con la gestión de identidad. El informe dice:

• Estados Unidos debe hacer que la autenticación fuerte de la identidad, basada en una sólida comprobación en persona y dispositivos rigurosos de verificación, sea un requisito obligatorio para las infraestructuras cibernéticas esenciales (servicios gubernamentales, financieros y energéticos). El presidente debe hacer que la Oficina Nacional para el Ciberespacio y demás agencias pertinentes, utilizando el modelo regulador federado y consultando con la industria y la comunidad de la privacidad y libertades civiles, implemente una fuerte autenticación de infraestructura. El presidente debe recibir un informe sobre el progreso en un período de seis meses.
• Estados Unidos debe permitirle a los consumidores utilizar credenciales seguras emitidas por el gobierno, o credenciales emitidas comercialmente que se basen en las anteriores, para actividades en línea, acorde con la protección de la privacidad y las libertades civiles.
• En una iniciativa relacionada, la Comisión Federal de Comercio debe implementar regulaciones que protejan a los consumidores pero no los obligue a utilizar credenciales emitidas por el gobierno o comercialmente. Las empresas deben adquirir una estrategia basada en los factores de riesgo para la acreditación de todas las actividades en línea.
• El presidente debe, para finales del primer año de su mandato presidencial, exigir que cada agencia informe cuántos empleados, contratistas, y concesionarios están usando credenciales que cumplen con HSPD-12 y limitar las primas o premios a las agencias que no cumplen totalmente con esta directiva.