Aunque los funcionarios gubernamentales señalan el éxito que han tenido programas similares en los estados de Oregon, Texas, Colorado, New Mexico y Georgia, los defensores de la privacidad aún están preocupados por el posible mal uso de las bases de datos por parte de las autoridades estatales, que pueden utilizarlas para rastrear o espiar a residentes inocentes, como aquellos que ejercitan su derecho a protestar. No obstante, los funcionarios del DMV están rechazando las quejas de estas organizaciones pues afirman que, bajo las leyes del estado, las agencias del orden no tendrán acceso abierto a ninguna de las bases de datos con la información biométrica.

Aún así, una de las mayores preocupaciones de estos grupos es que el sistema se está implementando mediante un proceso tan rápido que negará cualquier audiencia pública sobre el mismo. Los funcionarios estatales mantienen que esto es debido a que el contrato de los sistemas actuales expiran en junio y quieren estar listos para modernizar todos los equipos con deficiencias dando un paso que ellos consideran lógico.

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