Según el plan que aún se define en el Senado y que muy probablemente cause controversia, todos los trabajadores legales de USA, tanto ciudadanos como inmigrantes, recibirán una tarjeta de identificación con información integrada, tales como huellas digitales, que vinculen la tarjeta con el trabajador.

El plan de tarjetas de identidad es uno de los varios pasos que los defensores de una reforma migratoria están dando para superar las trabas que han truncado proyectos de ley similares en el pasado.

El esfuerzo es liderado por los senadores Chuck Schumer (demócrata por Nueva York) y Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur).

“Se trata del punto clave para encontrar una solución al dilema de inmigración en términos políticos”, dijo Schumer en una entrevista. La tarjeta, asegura, respondería directamente a las preocupaciones de que después de que se promulgue una nueva ley, el país reciba otra ola de inmigrantes ilegales.

Las mayores objeciones a las tarjetas biométricas probablemente provendrán de los defensores de la privacidad, que temen que las tarjetas de identificación nacional se conviertan en una herramienta que permita al gobierno monitorear a los ciudadanos.

“Se trata fundamentalmente de una invasión masiva a la privacidad de las personas”, dice Chris Calabrese, asesor de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). “No estamos hablando sólo de registrar las huellas digitales de cada estadounidense o de tratar a los ciudadanos comunes como criminales para que puedan trabajar. Estamos hablando también de una tarjeta que puede expandirse rápidamente del trabajo a las urnas, los viajes y casi todos los aspectos de la vida que requieren identificación”.

Graham dice que respeta esos temores, pero discrepa. “Todos tenemos tarjetas de Seguro Social”, señala. “Pero son fáciles de falsificar. Hagámoslas a prueba de fraudes. Eso es todo lo que pretendo”.

Los empleadores tienen ahora la opción de utilizar un sistema en línea llamado E-Verify para comprobar si empleados potenciales residen en el país legalmente. Muchos republicanos han presionado para que el sistema sea obligatorio. Otros, como Schumer, se quejan de que el sistema actual es ineficaz.

El año pasado, asesores de la Casa Blanca dijeron que esperaban promover nueva legislación migratoria en 2010. Pero con la reforma de los servicios de salud y el desempleo acaparando su atención, el presidente Barack Obama ha dado pocas señales de que la cuestión sea una prioridad.

Una reforma migratoria siempre ha sido un reto político complicado. La comunidad latina está presionando para que se tomen decisiones y no estará nada contenta si vuelven a posponerla.

Sin embargo, muchos ciudadanos estadounidenses se oponen a cualquier medida que se asemeje a una amnistía para las personas que llegaron al país ilegalmente.

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